Personas sordas, con discapacidad auditiva y/o personas sordociegas y sus familias.
Responsables políticos de las diferentes administraciones públicas.
Empresas y entidades, que necesitan aplicar medidas accesibles en comunicación y/o ajustes razonables, como valor añadido y de responsabilidad social en su empresa.
Miembros de las Organizaciones No Gubernamentales.
Agentes sociales.
Miembros de órganos consultivos, de participación y otros foros, donde la accesibilidad a la comunicación es objeto de tratamiento e intervención.
Investigadores, docentes, planificadores, gestores, y otros profesionales técnicos.